Hoy en día en nuestra sociedad, existen una gran desconfianza de los ciudadanos en los políticos, en los gobernantes y en los administradores públicos. La ciudadanía es cada vez más sensible presionando para que la actuación de los poderes públicos sea respetuosa tanto con el espíritu y letra de la ley, como con los principios éticos y valores sociales que deben regir la Administración.

La gran mayoría de los ciudadanos, ignora, sin embargo, que la Administración Pública se rige por una serie de principios que trazan la pauta a sus actuaciones para una buena gobernanza; esos principios están contenidos en nuestra Constitución (Art. 138) y en la Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo (Art. 3, Ley 107-13).

La corrupción, el fraude y el soborno constituyen un problema mundial que pone en peligro los fondos públicos y privados, el ordenamiento jurídico, el desarrollo individual, el bienestar colectivo y obstaculiza los planes sociales de los diferentes gobiernos tendentes a la reducción de la pobreza, colocando en situación de riesgo la población más vulnerable de los distintos países.

Los orígenes de este mal que azota a la humanidad son tan antiguos que se remontan al Imperio Romano, también existió en el feudalismo, en la Revolución Francesa y posteriormente en la Revolución Industrial; en el caso nuestro, nace con la colonia misma, ya que estuvo presente en las encomiendas y durante la gestión del gobernador fray Nicolás de Ovando, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito y de proteger a Cristóbal de Santa

Recientemente se recreo la Ruta de Juan Pablo Duarte en el Cibao, en la que un grupo de organizaciones comunitarias promovió la figura del Padre de la Patria, proyectando ante el país su ejemplo y desprendimiento para construir un país en donde haya más transparencia en la Administración Pública, como él nos enseñó.

El recorrido se inició a tempranas horas de la mañana del pasado día 20 de junio desde el Altar de la Patria, en la Puerta del Conde, pasando por Villa Mella, Hacienda Estrella, Guanuma, Cevicos, Cotuí, La Vega, Santiago hasta llegar a Puerto Plata donde se hizo un acto solemne.

El pasado veintidós (22) de mayo la Cámara de Cuentas cumplió ciento cincuenta y nueve años (159) de existencia. Desde su creación mediante la ley 388 ha experimentado grandes y profundas reformas, tanto en su marco jurídico, como en estructura.

Hoy, después de la ley 10-04 y su reglamento de aplicación, podemos afirmar que los objetivos que se propuso el legislador con su creación no han sido en su totalidad satisfechos, debido, en gran medida, a la creencia de una política de difusión, no solo de dicha ley y su ámbito de aplicación, sino de la implementación de una política de prevención, con mira a que la población conozca cuales son las funciones y objetivos de la institución.

El 22 de mayo de 1854, con la ley no. 338, se crea la Cámara de Cuentas, o sea que hoy cumplimos 163 años: si bien es cierto que sus orígenes datan de la primera Constitución de 1844, no es menos cierto que no fue hasta la fecha precedentemente indicada que nacimos como institución.

Desde sus inicios, hasta el presente, varias leyes han modificado sus funciones, actualmente nos rige la Ley 10-04, del 20 de enero del 2004 y su reglamento de Aplicación 06-04, normas que nos permiten fiscalizar con cierta independencia el uso de los fondos públicos.

El ámbito de la auditoría envuelve la aceptación por parte del profesional actuante de una responsabilidad pública y social; el auditor emplea una serie de conocimientos especializados que conforman el cuerpo técnico de su función, esta se basa en el análisis de los estados financieros de todo tipo de organizaciones, con el objetivo de emitir una opinión o dictamen sobre los mismos, en lo cual se origina la denominación de Auditoría Financiera.

No obstante, el desarrollo y modernización de las organizaciones tanto públicas como privadas, derivados en un mundo que se encuentra en constante cambio, la internacionalización de los mercados, el fenómeno de la globalización, la evolución tecnológica y científica, han generado una diversificación de las operaciones que realizan y abarcan tales entidades, así como la aparición de corrientes relativas a planificación estratégica, gestión de calidad, alto rendimiento y competencia. En este contexto surge la Auditoría Ambiental, llamada también Ecológica, como una actividad de control del medio ambiente.

Las últimas dos décadas se han caracterizado, entre muchos otros aspectos, por la preocupación de los Estados  por generar sociedades más influyentes, que responden a manera más efectiva a as necesidades del desarrollo, reducir la pobreza y fortalecer sus sistemas para la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas.

En ese sentido, tales desafíos han requerido innumerables  esfuerzos para la modernización de las instituciones  publica, mejorar la calidad de los servicios a disposición de los ciudadanos, habilitando un espacio a la innovación en el ámbito de la transparencia, rendición de cuentas, políticas de integridad, buen gobierno y control social, para una gestión administrativa publica eficiente y competitiva a las demandas actuales.

Mientras desempeñaba la función de Encargado del Departamento de Compras en el Palacio Nacional, escuche hablar, en  1997, por primera vez de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en ese entonces era su Presidente el destacado Jurista Dr. Hugo Arias Fabián (Fenecido). Meses después me entero de que quien fungía como Consultor Jurídico de la institución era mi amigo el Dr. Cecilio Gómez, hecho que me animó a cúrsale una visita.

Al ver las instalaciones de la Cámara de Cuentas durante mi visita en la referida fecha, me causó una gran impresión ver aquel escenario desastroso, aquello era una desorganización total, lo que tenían era unos archivos desvencijados por un lado, el piso lleno de expedientes de auditorías hechas a las diferentes instituciones que manejan recursos del Estado, escritorios y sillas cojas, en fin un caos general.  El hacinamiento era grande y provocado por el poco espacio de que disponía la entidad fiscalizadora en ese momento, ¡imagínense ustedes! que toda la operación de la CCRD se desarrollaba en tan solo un piso del edificio ubicado en la avenida México esquina Jacinto de la Concha, de ahí fue trasladada hacia el edificio el Manuel Fernández Mármol (antiguo Huacalito), ubicado en la Calle Abreu esquina avenida 27 de Febrero.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como organismo superior de control moderno que cuenta con autonomía presupuestaria, en aras de realizar sus atribuciones de fiscalización con profesionalismo, objetividad y oportunidad, tiene que valerse de todos los instrumentos que tenga a su disposición para el mejor desempeño de las funciones para la que fue creada.

Precisamente uno de esos instrumentos es el Control Social, área sustantiva de la institución, que constituye el instrumento utilizado por la entidad fiscalizadora para orientar y hacer partícipe a los ciudadanos, debidamente representados a través de los organismos competentes, sobre cuáles son sus derechos y deberes en torno a la fiscalización de los fondos públicos quienes lo ejercen a través del ejercicio del concepto de auditoría visual. 

Cuando hablamos de Control Social, nos referimos a la herramienta de la Cámara de Cuentas de la República que edifica a la ciudadanía acerca de los deberes y derechos con respecto a la fiscalización y el gasto público.

Está establecida por ley la participación de la población en el Control y fiscalización del patrimonio público, y eso la hace merecedora de un área sustantiva destinada a resolver las interrogantes e incertidumbres ciudadanas. En nuestra entidad fiscalizadora existe el departamento de Control Social y el mismo marcha en armonía con la tarea de las cosas públicas, como un cordón umbilical, obliga a funcionar de manera coordinada en aras de lograr una mejor efectividad.