Mientras desempeñaba la función de Encargado del Departamento de Compras en el Palacio Nacional, escuche hablar, en  1997, por primera vez de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en ese entonces era su Presidente el destacado Jurista Dr. Hugo Arias Fabián (Fenecido). Meses después me entero de que quien fungía como Consultor Jurídico de la institución era mi amigo el Dr. Cecilio Gómez, hecho que me animó a cúrsale una visita.

Al ver las instalaciones de la Cámara de Cuentas durante mi visita en la referida fecha, me causó una gran impresión ver aquel escenario desastroso, aquello era una desorganización total, lo que tenían era unos archivos desvencijados por un lado, el piso lleno de expedientes de auditorías hechas a las diferentes instituciones que manejan recursos del Estado, escritorios y sillas cojas, en fin un caos general.  El hacinamiento era grande y provocado por el poco espacio de que disponía la entidad fiscalizadora en ese momento, ¡imagínense ustedes! que toda la operación de la CCRD se desarrollaba en tan solo un piso del edificio ubicado en la avenida México esquina Jacinto de la Concha, de ahí fue trasladada hacia el edificio el Manuel Fernández Mármol (antiguo Huacalito), ubicado en la Calle Abreu esquina avenida 27 de Febrero.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como organismo superior de control moderno que cuenta con autonomía presupuestaria, en aras de realizar sus atribuciones de fiscalización con profesionalismo, objetividad y oportunidad, tiene que valerse de todos los instrumentos que tenga a su disposición para el mejor desempeño de las funciones para la que fue creada.

Precisamente uno de esos instrumentos es el Control Social, área sustantiva de la institución, que constituye el instrumento utilizado por la entidad fiscalizadora para orientar y hacer partícipe a los ciudadanos, debidamente representados a través de los organismos competentes, sobre cuáles son sus derechos y deberes en torno a la fiscalización de los fondos públicos quienes lo ejercen a través del ejercicio del concepto de auditoría visual. 

Cuando hablamos de Control Social, nos referimos a la herramienta de la Cámara de Cuentas de la República que edifica a la ciudadanía acerca de los deberes y derechos con respecto a la fiscalización y el gasto público.

Está establecida por ley la participación de la población en el Control y fiscalización del patrimonio público, y eso la hace merecedora de un área sustantiva destinada a resolver las interrogantes e incertidumbres ciudadanas. En nuestra entidad fiscalizadora existe el departamento de Control Social y el mismo marcha en armonía con la tarea de las cosas públicas, como un cordón umbilical, obliga a funcionar de manera coordinada en aras de lograr una mejor efectividad.