Clara, tesorero de su gestión, el cual realizó un desfalco a la Corona.
Podemos afirmar, sin temor a equívocos, que la corrupción en República Dominicana es un problema cultural, que nace del afán desmedido de acumular riquezas y un consumismo exagerado que nos lleva a la adquisición de bienes superfluos, por lo que tenemos que cambiar esa mentalidad y fomentar el rescate de nuestros valores basados en la moral, honestidad y crear la cultura de rendición de cuentas, como nos enseñó nuestro patricio Juan Pablo Duarte.
Reconocemos que tenemos un excelente marco jurídico que nos traza las pautas para apuntalar ese accionar, ya que existen leyes como la de Compras y Contrataciones (340-06 y sus modificaciones), la de Función Pública (41-08), la que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos (311-14), la de Cámara de Cuentas (10-04) y la de los Municipios (176-06). Estas ordenanzas, que muchas de ellas requieren modificaciones para hacerlas más eficaces, debemos aplicarlas mientras se hacen los ajustes necesarios y activar los mecanismos de acción contra quienes las violen y, sobre todo, en la aplicación del régimen de consecuencias, reclamo que ha sido hecho por la ciudadanía en los últimos tiempos.
Nuestro país, al igual que toda Latinoamérica, no logra mayores tasas de crecimiento debido a la corrupción, tanto en el sector público como en el privado; aunque hemos alcanzado grandes avances en los sectores turístico, agropecuario y tecnológico, obteniendo un crecimiento que ronda el siete por ciento (7 %) y una inflación menor al cuatro por ciento (4%).
Tanto el soborno como la corrupción son prácticas habituales de nuestra cultura, afectando la inversión extranjera, lo que unido a los trámites excesivos para iniciar cualquier negocio o inversión en el país, crea las condiciones para que los inversionistas tengan que valerse de intermediarios o de la deleznable práctica de pagar sobornos; realmente es algo que se ha convertido no solo en cotidiano, sino en sistémico, por ello es el principal escollo que impide que el país alcance mayores tasas de crecimiento.
Para acabar o al menos atenuar los efectos de la corrupción, es imprescindible aunar esfuerzos de todos los actores del sistema de control y fiscalización. Nosotros como órgano superior de control estamos firmemente comprometidos en combatir este mal, no sólo con palabras, sino con hechos.
A fin de lograr mitigar la corrupción hemos iniciado una serie de programas enfocados en dos aspectos fundamentales para combatir este mal, son ellos la prevención y la detección temprana y oportuna, ya que el régimen de consecuencias corresponde a otras instancias.
Estos programas están siendo desarrollados siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olaccefs) y la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Occefs), relativos a las 169 metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, emanados de la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2015.
Gracias a la colaboración de otros organismos de control y fiscalización y con el auxilio de organizaciones internacionales, hemos implementado los programas: “Cuentas Conmigo”, “Mesa de Control”, “Jóvenes Auditores”, “Repositorio Único y Automatizado de Información Municipal” y “Ojo Ciudadano”.
Sabemos que tenemos un gran reto por delante y muchos obstáculos que superar, es posible que no lleguemos a la meta que como país nos hemos propuesto, por las razones precedentemente indicadas, pero sí les aseguro, que se hacen grandes esfuerzos para alcanzarla y hoy estamos más cerca de ella de lo que estábamos ayer.
