Dentro de dichos principios, existen tres que son de gran relevancia e importancia para el trabajo que realiza la Cámara de Cuentas dentro de las funciones que le asigna la Constitución en su ardua tarea de fiscalización del patrimonio del Estado, para desarrollar unos indicadores que reflejen la ética en la gestión pública y que permitan rendir cuentas a la sociedad de una forma mucho más directa y responsable sobre cuál está siendo su actuación.
Esos principios, a los cuales podríamos llamar “éticos”, debido a que establecen normas que la administración y los administrados, han de considerar en sus tomas de decisiones sobre lo que sí o no se debe hacer en cada una de las situaciones que enfrenta, son ellos: el principio de eficacia, el de objetividad y el de transparencia; en base a ellos, todo su personal, así como el del servicio a la Administración Pública, deben de actuar con rectitud, lealtad, objetividad y honestidad.
Teniendo como base, estos principios, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ofrece un mayor fortalecimiento institucional y calidad de sus informes de auditorías e investigaciones especiales teniendo como base que la voluntad de ella no puede ser otra cosa que la de neutralidad y la transparencia, en su trabajo para una mayor profesionalización en los mismos.
Algo que define nuestro trabajo es el hecho, de ponerle un freno a la voluntad de los servidores públicos en el manejo y administración de los fondos públicos, ya que esa supervisión no les permite el uso antojadizo de los mismos, pues ellos forman parte del Estado Social y Democrático de Derecho, donde más bien las leyes les exigen un comportamiento ético y transparente en su accionar, todo esto teniendo como finalidad principal la necesidad de satisfacer las necesidades del interés colectivo.
Este gran paso plasmado en nuestra Constitución y en la Ley No. 107-13, nos provee un marco legislativo para tener una buena Administración Pública con la intención de que nuestros servidores públicos sean mucho más eficientes y responsables, logrando con ello, la integración de los valores de la sociedad en el Gobierno y Administración pública, quienes junto con el accionar a través del Control Social, expresen algo más que un estado de opinión, generando incluso reacciones hasta de rechazo sobre determinadas conductas y comportamientos dentro de la Administración Pública.
Hoy en día, los Gobiernos y las Administraciones, no pueden permanecer ajenos a que la sociedad espera y reclama que sus funciones sean ejercidas con voluntad de servicio público, con un proceder ético y un compromiso firme, evitando posibles actuaciones corruptas, lo cual exige, asumir de forma práctica y efectiva diferentes iniciativas, las cuales estamos implementando en la Cámara de Cuentas, haciéndonos partícipes de los principios éticos que deben regir todo organismo público dentro de las funciones que le asigna nuestra Constitución con miras a una buena gobernanza y cumplir con la agenda 2030 establecida como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); muy especialmente el Objetivo No. 16 que establece entre otras cosas: “Crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
