Dicho esto, el control externo juega un papel preponderante como pilar de la integridad, así también como de las políticas públicas de prevención  y lucha contra todas aquellas acciones que socaban la confianza de los ciudadanos en las instituciones y sus representantes.

La exigencia de la gestión pública son cada vez mayores en termino de eficacia, eficiencia y economía, por lo que para garantizar la estabilidad y legitimidad democrática de las naciones  es preciso la educación de los marcos constitucionales, legislativos y normativos; incluyendo la capacidad de los organismo de control y supervisión para una efectiva vigilancia de la inversión del gasto público.

Además, las actuaciones del administrador público no deben ser ajenas a la coyuntura social y política del momento, así como nuevas demandas de la ciudadanía en materia de ecología, igualdad o impacto de género entre otros.

La necesidad de control se encuentra enlazada a la escasez de recursos, el grado de discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones, la existencia de diferentes objetivos, necesidades y motivaciones de los integrantes de una organización, así como de la propia estructura organizativa.

El control externo se fundamenta, indiscutiblemente, en el régimen democrático. El Estado dispone de los recursos públicos para la gestión administrativa en la obtención de bienes y servicios que resuelvan los problemas comunitarios.

De manera que a través del control externo y con la rendición de cuentas  se podrá verificar si los derechos de los participantes se encuentran debidamente protegidos. Es importante destacar que el control se establece como función propia del Estado, que no es ajeno a él, sino que se forma desde y para la organización gubernamental. Por tanto, el control externo constituye un idóneo para fomentar la buena gobernanza.

Resulta oportuno precisar que la auditoria de gestión, de conformidad con las Normas de Auditoria de la Intosai, comprende, en primer lugar, el control de la economía de la ejecución administrativa, de acuerdo con principios y prácticas administrativos razonables y con las directrices señaladas; en segundo lugar, el control de la eficiencia  en el manejo de los recursos humanos, financieros y de cualquier otro tipo, junto con el análisis de los sistemas de información, de las medidas de rendimiento y los procedimientos seguidos por las entidades fiscalizadas para corregir los hallazgos, y el control de la eficacia con que se han desempeñado los objetivos institucionales y de los recursos alcanzados en relación con los pretendidos.

Una gestión pública basada en normas procedimientos le corresponde justamente un control que procure, garantizar el cumplimiento de esas normas y procedimientos; mientras que a una gestión orientada a resultados, y cuyos gestores cuentan con un amplio margen de discrecionalidad y flexibilidad en sus actuaciones, le corresponde principalmente  un control de gestión y evaluación de resultados.

En ese marco conceptual se despliega la “gestión por resultados”, modelo que propone la administración de los recursos públicos centrándose en el cumplimiento de las acciones definidas en el plan de gobierno de desarrollo económico y social, consistente con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030.

En síntesis, la gestión pública moderna apunta a un desempeño focalizado en la evaluación de cumplimiento de acciones estratégicas definidas en un plan, compuesta con elementos relativos a la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas con el debido equilibrio de los derechos y facultades de estas, con el objetivo de que “una sociedad democrática”, lo que coloca al control y a la participación ciudadana en un lugar privilegiado como mecanismo para preservar dicha equidad.