A las seis de la mañana, dos horas antes de iniciarse las labores en la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, un organismo especial de la Cámara de Cuentas creado para comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas, las filas eran interminables a la espera de que se permitiera la entrada a la entidad.

Muchos de esos funcionarios, que llegaban de diferentes provincias y municipios del país, declararon que salieron de madrugada de sus respectivas comunidades para estar temprano en la CCRD y ser de los primeros en las filas.

La mayoría son funcionarios municipales –alcaldes, vicealcaldes, regidores, tesoreros municipales, directores de distritos municipales- que dijeron venían a la Cámara de Cuentas para cumplir con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimnio de los Funcionarios y Servidores Públicos de fecha 8 de agosto de 2014.

También en las filas se contaban legisladores, embajadores, cónsules, directores, gobernadores provinciales, gerentes y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado, asi como miembros de los consejos de adminisración de instituciones autónomas. Desde hace varios días, largas filas de funcionarios de diferentes instituciones públicas han abarrotado la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos para declarar sus bienes, tal como establece la referida ley.