Estamos frente a una sociedad más exigente, hecho que registra un aumento en la frecuencia y el número de auditorías e investigaciones especiales, ya que día a día, por el interés de la ciudadanía y las organizaciones que representan la sociedad civil, son numerosas dichas solicitudes. Esto se debe a que la población necesita verificar que los funcionarios públicos ejecuten un buen manejo de los fondos que administran, o sea, con pulcritud y transparencia. Estos tiempos demandan de una Cámara de Cuentas con un presupuesto a la altura de su carga de trabajo, para garantizar que las informaciones sobre la Ejecución del Presupuesto General de la Nación sean conocidas en el tiempo establecido por la Constitución y las leyes.

Este incremento en el presupuesto también es necesario para poder ofrecerles una guía y las orientaciones requeridas a las instituciones auditables, hacia el correcto manejo de los fondos que reciben y para crearles una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Para realizar nuestra labor de fiscalizar, debemos contar con los ciudadanos, a los cuales tenemos la responsabilidad de garantizarles su derecho constitucional a saber, cuestionar y proponer con relación al uso de los recursos públicos.

La Cámara de Cuentas debe evolucionar hacia nuevos modelos en el campo de la auditoría, como auditorías de gestión, forense, evaluación del presupuesto en función de resultados: auditorías al Estado referentes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las políticas públicas; las municipalidades incursionan en auditorías de sus políticas. Todo esto podría ser desarrollado ampliamente si contamos con un presupuesto acorde con lo que debemos hacer y que nos permita trabajar sin limitaciones.

Debido a que el marco legal de la entidad data del año 2004, y la actual Carta Magna es del año 2010, modificada en el año 2015, estamos trabajando en la modificación de la ley que rige la Cámara de Cuentas para ajustar su accionar a la Constitución vigente, así como adecuarla a las normas y principios universalmente aceptados en auditoría y fiscalización.

En nuestra incansable lucha para alcanzar el tan deseado fortalecimiento institucional, estamos trabajando para instalar en la entidad la Escuela de Cuentas, orientada a proporcionar nuevas competencias y conocimientos a los auditores de la institución, pero también servirá para garantizar que los de nuevo ingreso lo hagan por sus calificaciones y sean adecuadamente preparados para realizar su labor.

Actualmente la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos está siendo dotada del personal técnico necesario para impulsar la realización de un trabajo con la calidad requerida y apegado a las leyes, logrando contar con un personal competente. Con esta medida se busca que la institución cuente con mecanismos que permitan a los servidores públicos presentar su declaración jurada en el tiempo establecido por la Ley 311-14, y en caso de omisión que paguen por su falta. Además, hacer una fiscalización y evaluación del patrimonio declarado.

Esta gestión de la Cámara de Cuentas, en cumplimiento a las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, desde que inició ha dado seguimiento a la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas y sus incumbentes están recibiendo las observaciones de lugar referentes a este tema.

En conclusión, el Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas anhela contar con más auditorías, mayor seguimiento a la ejecución del Presupuesto General de la Nación, con declaraciones juradas en tiempo hábil y fiscalizadas, con una municipalidad rindiendo cuentas a tiempo; una nueva legislación con su régimen de consecuencias fortalecido para los omisos o en falta y tener la participación de la ciudadanía, a través del control social, vigilantes del correcto uso de los fondos públicos y  organizaciones de la sociedad ejerciendo su derecho a saber, cuestionar y proponer respeto al manejo de los recursos del Estado.

¡Esto apenas comienza! ¡Juntos podemos y lo haremos! Dios mediante.